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miércoles, 21 de junio de 2017

DEUDA PÚBLICA A 100 AÑOS Por Héctor GIULIANO






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DEUDA PÚBLICA A 100 AÑOS
Por Héctor GIULIANO (20.6.2017)

El Ministerio de Finanzas (MF) acaba de informar – por un breve anuncio de prensa en la página web de fecha 19.6, no por un comunicado formal – la emisión de un bono a 100 años de plazo.
Todavía no se conocen los detalles de la operación: no ha sido dada a conocer la resolución pertinente ni mucho menos la posibilidad de tener acceso a la documentación ni al prospecto respectivo (por ausencia de habeas data).

Esto es que, a menos que el gobierno dé a publicidad tales documentos, esta operación de un siglo de duración - como pasa con todas las operaciones de endeudamiento oficial - será secreta.
El MF sólo informó, con una breve noticia, la emisión del bono por un monto de 2.750 Millones de Dólares (MD) con un cupón de interés de 7,125% (tasa nominal anual) y un rendimiento de 7,9% para los inversores financieros (producto de la colocación de los títulos bajo la par).

La tasa pactada es la más elevada del mundo para este tipo de operaciones, de las que hay muy pocos casos registrados (Irlanda, Bélgica, Dinamarca, China, Suecia y México).

Los bonos a 100 años entran en la modalidad de bono perpetuo, esto es, endeudamiento sobre el que los acreedores no tienen necesidad ni interés en el recupero del capital o principal sino en gozar de una renta permanente, por tiempo virtualmente indefinido, dando así destino rentable (muy altamente rentable en el caso argentino) a sumas que, caso contrario, corren el riesgo de permanecer ociosas dado el primer problema del sistema financiero internacional que existe hoy, que es el exceso de liquidez mundial (sobrante de capitales financieros en el mundo). 

Emitir deuda con el horizonte de un siglo por delante no tiene, por definición, demostración racional alguna de capacidad de repago por parte de la Argentina como país deudor mientras que supone el sometimiento a condiciones de pago en firme que pesarán sobre las actuales y futuras generaciones a través de todos los gobiernos que se sucedan en el tiempo. 

Ello significa, en principio, que mientras el pago del capital a su vencimiento - los 2.750 MD - queda sujeto a su devolución en el año 2117 (bono bullet), durante todo ese largo período nuestro país abonará por concepto de intereses unos 19.600 MD (casi 20.000), es decir, más de 7 veces el importe del capital adeudado (2.750 x 0.07125 x 100); con un rendimiento neto de 21.725 MD para los acreedores (según el coeficiente de 0.079). Son aproximadamente unos 200 MD de intereses por año.
Siempre y cuando las condiciones de detalle y la letra chica de la operación – que hasta ahora son desconocidas - no alteren estos datos de referencia. 

Ningún país del planeta ha colocado en los últimos tiempos deuda a 100 años en condiciones tan gravosas e inciertas como la Argentina ahora con el gobierno Macri.


EL DESTINO DE LOS FONDOS.
Todavía no se conoce la finalidad a la que van a ser aplicados los fondos provenientes de este nuevo endeudamiento.
El anuncio oficial dice que: “Esta operación se enmarca en el objetivo del Gobierno Nacional de asegurar el financiamiento en las mejores condiciones posibles para el crecimiento de la economía y la generación de empleo.”

Estas expresiones son engañosas o directamente falsas:

El gobierno no ha indicado hasta ahora destino concreto de los fondos a recaudar.
El objeto de los mismos, en principio – como toda la deuda pública que se viene colocando desde el comienzo de su mandato – es financiar gasto público para cubrir el déficit fiscal, ambos igualmente crecientes.
La colocación de este tipo de deuda financiera está vedado por la Ley 24.156 de Administración financiera del Estado, que en su artículo 56 dice expresamente que se prohíben las operaciones de crédito público para financiar gastos operativos (Gasto Público Corriente).
El gobierno Macri se ufana de que: “A pesar de la incertidumbre actual en los mercados internacionales, el Gobierno demuestra, gracias a su gestión, la capacidad de obtener financiamiento a muy largo plazo y a las tasas nominales más bajas de la historia argentina.” 

Lo que aquí se afirma puntualmente no ha sido así ni es cierto hoy: desde el ruinoso empréstito Baring - que condicionó 100 años de historia financiera argentina (a una tasa del 6 % anual) - hasta la actualidad, en que – según las cifras del propio MF al 31.12.2016 – la tasa de interés promedio ponderada de toda la deuda del Estado Central es del 5.98 % y la tasa de la deuda en dólares es del 4.08 %.

Según el anuncio oficial: “Con esta emisión, Argentina pasa a ubicarse en el selecto grupo de naciones con emisiones de bonos soberanos a 100 años como México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia.” Acotando que así “Estamos más cerca de países normales . . .” (los destacados son nuestros).

El anuncio agrega que “el Ministro Caputo resaltó que la operación muestra prudencia y responsabilidad: estamos aprovechando un momento de tasas muy bajas a nivel mundial y es importante, entonces, balancear los plazos de endeudamiento” (!).

Se trata probablemente de uno de los casos más flagrantes – y casi desopilantes - de contradicción entre el mito de la confianza y la descarnada realidad financiera en que la administración Macri está colocando al Estado Argentino mientras toma obligaciones a largo plazo a las tasas más caras del mundo.

DEUDA ILEGAL A UN SIGLO DE PLAZO.
La sorpresiva noticia de colocación de un bono a 100 años aparece ante la opinión pública sin que mediaran anticipos ni versiones previas, sin que se conozca la resolución ministerial que le da origen ni mucho menos el prospecto o información de detalle alguna que permita analizar lo actuado hasta la fecha, sin que se haya llamado a licitación ni expuesto cuál será el destino de los fondos.

De las mínimas informaciones existentes – prácticamente todas ellas noticias periodísticas parciales – surgen, sin embargo, al menos tres irregularidades manifiestas:

La nueva deuda – a 100 años de plazo – no está prevista en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017, que en su artículo 34 sólo autoriza la realización de operaciones de crédito público según la planilla anexa a dicho artículo y – según allí se destaca - por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla; siendo que la misma no contempla operaciones por términos mayores a los 4 años y que la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado establece taxativamente – en su artículo 60 – que no pueden contraerse operaciones de Deuda fuera de la Ley de Presupuesto anual o Ley Especial al respecto. 

Tampoco se cumple la Ley 24.156 por la ya citada transgresión al artículo 56, que prohíbe la toma de deuda para la financiación de gasto público corriente.

Igualmente no se cubren – como abiertamente ocurre con todas las colocaciones de Deuda – los requisitos de eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos, que exige también, en su Título Preliminar, la Ley 24.156 (artículo 4 incisos a y b).

Además, no consta que se haya emitido opinión previa a la operación por parte del Banco Central (BCRA), como lo exige el artículo 61 de la citada Ley 24.156 en los casos que tales operaciones originen deuda pública externa ni se conocen mucho menos los términos en que lo habría hecho.

Advirtiéndose que el incumplimiento de cualquiera de estas normas citadas – y/o sus disposiciones conexas – tornan nulas las obligaciones así contraídas por el Ejecutivo, según los términos del artículo 66 de la misma Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, que dice textualmente:
Articulo 66. Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen.

Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la administración central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional.

En síntesis, que la colocación del Bono a 100 años no cumple los requisitos legales básicos de la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 ni de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado-

La administración Macri, en el marco de su política de gobernar con deuda, a costa de tomar sistemáticamente obligaciones sin demostración alguna de capacidad de repago, se tendrá que hacer cargo de esta nueva irregularidad manifiesta en sus colocaciones de deuda del Estado.

Con el agravante que en este caso extraordinario de bonos a 100 años de plazo la noticia se conoce en forma concomitante con las tratativas de re-categorización de la Argentina a País Emergente por parte de la banca Morgan Stanley, en lo que pareciera ser un intento de último momento para cubrir requisitos o condiciones frente a los capitales financieros del Club o Partido de la Deuda para adecuar sus sobre-tasas de interés en las futuras operaciones de endeudamiento.

Maniobras irregulares de este tipo – en pleno año electoral - ponen cada vez más en evidencia la crítica situación real de las cuentas públicas de la administración Macri y su grado de corrupción financiera frente a la crisis insoluble de Deuda Perpetua en que está metida la Argentina.

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 20.6.2017
Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 06 20 DP 100 AÑOS

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La Deuda K que se oculta debajo de la alfombra

Desde hacía medio año que el Estado Nacional no actualiza los números del endeudamiento publico. En un solo año, el país se endeudó por 19.000 millones de dólares. ¿Cómo está compuesta nuestra deuda pública actualmente y cuánto se ha estado desendeudando?




“No se entendía muy bien por qué razón el Ministerio de Economía (MECON) no informaba sobre la evolución del endeudamiento. De hecho, la Secretaría de Financiamiento había dejado de informar desde el 30 de junio de 2014” -declaraba el economista y diputado nacional Claudio Lozano-. Bueno… ahora ya sabemos lo que pasó”.

En líneas generales, la Secretaría de Financiamiento venía publicando el informe de la deuda pública cada tres meses. Sin embargo, recientemente se publicaron los resultados computados del 31 de diciembre de 2014, mientras que los anteriores eran del 30 de junio de ese año. Es decir, seis meses de diferencia.

De diciembre de 2013, la deuda pública saltó de 202.630 millones de dólares a más de 221.748 millones de dólares, en diciembre de 2014. Es decir, se agregaron 19.118 millones de dólares. Esto significa una variación relativa del 9,4%.

Según dicho informe del MECON: “El incremento respecto del cierre del año 2013 se explica principalmente por las colocaciones netas de títulos y letras, junto al efecto de las ya mencionadas acciones tendientes a la normalización de pasivos (destacándose el acuerdo alcanzado con la empresa Repsol y con los acreedores que conforman el Club de Paris). El 77% del aumento se explica por deuda intra sector público. Este incremento fue parcialmente compensado con las variaciones en los tipos de cambio”. En otras palabras: por la devaluación ocurrida en febrero de 2014.

Esto fue debido a que la depreciación del valor del peso argentino impactó en aquellos bonos de deuda compuestos por pesos argentinos. Esto se refiere a los bonos BOGAR y CUASIPAR, como así también los Préstamos Garantizados, las letras de Tesorería y otros bonos nuevos emitidos en pesos. Recordemos que la moneda local sufrió una devaluación del 13% en tan solo dos días.

Para Lozano, “el total de financiamiento al que recurrió el Tesoro, considerando el aumento de los Adelantos Transitorios, los préstamos de los organismos multilaterales, las letras y títulos colocados y la deuda a favor de Repsol por YPF: el total asciende a 37.500 millones de dólares”.



La depreciación de los bonos de deuda en pesos es un tramo de lo que implica el crecimiento de la deuda pública en el país.
La computación de la deuda oficial es de 221.748 millones de dólares. De esos 221, 199 está la conformada por la Deuda Performing, o sea, la que se paga regularmente. Mientras que el resto es la deuda que tiene nuestro país con los fondos buitres. O sea, 12.000 millones. A su vez, en la Deuda Performing, el 35 está nominada en pesos, mientras que el 65% en dólares.



Para el economista Héctor Giuliano, esos 221.748 millones de dólares están incompletos, porque no se incluyen como deuda en firme los cupones PBI (que oscilan entre 10 mil y 15 mil millones de dólares), los gastos en juicios que padece nuestro país contra los “buitres” (también 10-15.000 millones), los gastos por los reclamos en el CIADI (8-10.000 millones) y la deuda contraída en todo el trayecto del año 2015, que rondaría unos 10.000 millones de dólares. Tampoco incluye los intereses a pagar en el futuro (77.000 millones).

En total: una deuda pública total de entre 240.000 a 250.000 millones de dólares. Si incluimos los intereses: 320.000 millones de dólares.

Del 2003 al 2015, la deuda pública Argentina pasó de un stock de 175.000 a 338.000 millones de dólares en total. Es decir, se duplicó.

Según la presidenta Cristina Fernández, durante el trayecto 2003-2013, se pagaron 190.000 millones de dólares. Para este año, se prevé aumentar el stock a 18.000 millones por contraer más deuda.

“Las nuevas deudas que se están contrayendo son ahora, en su casi totalidad, refinanciaciones a corto y/o muy mediano plazo (entre unos 3 y 5 años), pagan intereses altísimos en dólares (del orden del 9 % anual) y en pesos (del 27-30 %), y empeoran por consiguiente el perfil de vencimientos de la Deuda Total, cuya vida promedio hoy es de 8.7 años”, señala Héctor Giuliano.




Como puede verse en la tabla de arriba, de 2013 al segundo trimestre de 2014,a partir del 2011 la deuda pública creció de un 33,3% respecto al PBI a un 43%. El mayor crecimiento que hubo de deuda con los organismos multilaterales y bilaterales fue en los últimos dos años.

Para el investigador de la deuda, Argentina pasa por un período de “recuperación de crédito”, en donde la colocación gradual de nuevas deudas con terceros pasa de una moneda tras otra. Primero en pesos argentinos, luego se pasan a dólar-linked, es decir, activos en dólares pero que se pagan en pesos; éstas últimas fueron colocadas por el ministro Axel Kicillof en octubre de 2014. Y finalmente, en monedas extranjeras de forma directa para el camino directo a la deuda externa.

“Es el ciclo impuesto por los capitales financieros, para colocar sus excedentes de fondos a tasas positivas diferenciales en los Países Emergentes sobre la base que la incapacidad de repago de los deudores les garantiza la refinanciación perpetua de las obligaciones por principal y que el Sistema funcione entonces más eficientemente a través del aumento en la servidumbre de pago de los Intereses”, sentencia Giuliano.

Todo esto, bajo la presión de los intereses a pagar, son un terreno despejado que deberá asumir el próximo presidente, mientras las presiones judiciales y financieras de los holdouts ahogan más las finanzas nacionales.

FUENTE: http://www.taringa.net/posts/info/18857179/La-Deuda-K-que-se-oculta-debajo-de-la-alfombra.html

martes, 30 de mayo de 2017

LA DEUDA PÚBLICA KIRCHNER-MACRI Por Héctor GIULIANO


LA SIONICRACIA AL SERVICIO DE LA USURA.
  


LA DEUDA PÚBLICA KIRCHNER-MACRI
Por Héctor GIULIANO (26.5.2017)

El Kirchnerismo y el Macrismo son enemigos íntimos; se necesitan mutuamente:
El gobierno Macri, porque necesita lamentar la pesada herencia recibida y exhibir la corrupción K como distractivo de su descontrol financiero fiscal, de su política irresponsable de gobernar con deuda y de encubrir su propia corrupción.

La anterior administración K, porque pretende tomar hoy la bandera dialéctica de la oposición política contra un nuevo gobierno neo-liberal y convertirse en portavoz de las críticas contra la política económica y social M como forma de distraer su realidad pasada de inoperancia y falseamiento de la realidad en la gestión de gobierno, su fracaso en materia económico-financiera, su complicidad con la política de endeudamiento del Estado y su corrupción institucional en el manejo de la cosa pública.

Pero cuando estas cosas se observan no desde el llano de una visión inmediata o cortoplacista de los hechos sino desde una óptica más amplia o abarcativa de las Políticas de Estado que fijan las grandes estructuras de poder financiero y económico esta falsa antinomia se revela como las dos caras de una misma moneda, donde los gobiernos de turno terminan trabajando en tándem: uno – a través de todas las torpezas cómplicesposibles - deja preparado el terreno y las condiciones para que el otro se declare víctima de tales situaciones heredadas y las utilice como excusa de continuidad y profundización política.

Es la tradicional alternancia de Social-Democracia y Neo-Liberalismo que rige en la Argentina desde hace más de 40 años en el marco del Capitalismo Financiero que maneja los asuntos de Estado de nuestra Patria y que tiene por eje el Sistema de la Deuda Pública perpetua como instrumento de dominio.
El objeto del presente trabajo es fundamentar estas aseveraciones, acotadas aquí al tema de la Deuda y sus implicancias; y hacerlo más específicamente en función de las declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en su programa televisivo de ayer (25.5) por C5N y de las decisiones actuales del gobierno Macri.

Tanto el gobierno Macri como el anterior gobierno Kirchner ocultan la Deuda Pública Nacional, total y consolidada: las cifras del endeudamiento se refieren solamente al Estado Central y no incluyen la deuda de Provincias/Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios, Banco Central, Deuda Flotante o exigible y juicios contra el Estado con sentencia en firme; por lo que no se sabe cuánto debe en total la Argentina.

La ex presidenta CFK insiste en el mito del des-endeudamiento bajo su gestión, que es falso y engañoso: primero, porque la deuda aumentó más de 100.000 MD (Millones de Dólares) durante los 12 años de administración K – pasó de 152.000 MD a mediados de 2003 a 254.000 MD al fin de su mandato en Diciembre de 2015 – y segundo porque mantiene la formulación engañosa de referirse a la Deuda Externa y no a la Deuda Pública Total.

El Kirchnerismo vivió pagando deuda pública – y deuda externa pública en especial – a niveles históricos récord. CFK se jactó incluso públicamente de ello enfatizando la frase “Somos pagadores seriales” en su discurso del 26.8.2013, donde habló de haber abonado 173.700 MD entre 2003 y 2012.

CFK ratificó esta postura ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24.9 del año siguiente, donde habló allí de haber pagado más de 190.000 MD desde el 2003 hasta esa fecha.

Con la observación importante que ninguna de estas dos cifras tuvieron luego explicaciones claras y concretas por parte de su gobierno, descontándose que la gran mayoría de tales pagos – o directamente la totalidad – no correspondían a reducciones netas de pasivos sino, en realidad, a la regla permanente de cancelar vencimientos íntegramente con nuevas obligaciones (novaciones con el mismo acreedor y/o con terceros), por lo que no había des-endeudamiento por baja efectiva del monto total adeudado y además, dicho monto seguía creciendo por deudas nuevas adicionales.

Fue la misma época en que su gobierno – el de CFK – presentó ante Naciones Unidas la propuesta de internacionalizar los procesos de reestructuraciones de Deuda Soberana, que era una variante de la ponencia presentada en el 2002 por la vicepresidenta del FMI, Anne Krueger, y cuya finalidad esencial era sustraer los casos de default a la justicia de los países estableciendo un régimen supra-nacional de tratamiento para este tipo de casos.
La misma ex presidenta, que ahora pide revisar y auditar la nueva Deuda Externa Macri, es la que se negó a investigar la deuda heredada e incrementada por su administración K1 y que luego, tardíamente, hacia finales de su mandato, remató dejando en la inoperancia la Comisión Investigadora de la Ley 26.9842.

La negativa a investigar la cuestión de la ilegitimidad de la Deuda Pública fue una constante de la administración Kirchner y no difirió en absoluto del mismo comportamiento cómplice de todos los gobiernos de turno anteriores con los acreedores financieros, desde el Proceso hasta nuestros días, siendo ésta la principal clave de sometimiento exigida por dichos acreedores al Sistema de la Deuda y la base institucional del mecanismo de re-endeudamiento permanente o deuda perpetua.

El gobierno Kirchner, como agravante, fue uno de los más fieles cumplidores de los dictados del Fondo Monetario cuando el FMI le exigió – lo mismo que a Brasil – el pago contado total y por anticipado de la deuda bilateral con el organismo (9.530 MD); directiva que la administración K cumplió en forma inmediata – inaugurando con ello su política de pagos de deuda externa con reservas del Banco Central – con el agravante adicional que lo hizo pese a que se trataba del acreedor más cuestionable de nuestro país y que se tenía a favor de la Argentina las graves irregularidades internas del organismo demostradas como producto de la propia auditoria de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI. Y con el añadido que ese pago total y por adelantado al FMI se hizo sin desafiliarse del Organismo, que es la única y verdadera forma de liberarse de sus condicionalidades y reclamar la devolución de la cuota-aporte integrada por nuestro país.

La falsía del planteo K con respecto a una supuesta resistencia o confrontación suya frente al problema de la Deuda – una falacia enmascarada bajo el mito del des-endeudamiento – tuvo como remedo, años más tarde (en 2014) el arreglo con el Club de París bajo la gestión Kicillof, por el que nuestro país aceptó pagar un total de otros 9.700 MD, 3.600 de los cuales correspondían a intereses punitorios y compensatorios adicionales a los intereses acumulados por mora.

Peor todavía fue el manejo cómplice e irracional de la administración K en la cuestión de los Holdouts, donde reconoció abiertamente la competencia de tribunales extranjeros en la ciudad de Nueva York, aceptó la validez de las acreencias reclamadas a valor nominal y no a valor de mercado, no objetó las irregularidades manifiestas en las obligaciones de origen y luego de perder los juicios en todas las instancias posibles en los Estados Unidos incurrió al país en un desacato indefendible.

Con el agravante que el gobierno CFK desechó incluso la recomendación de última instancia hecha por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (el mismo que patrocinaba a la Argentina desde los tiempos del ministro Cavallo y sobre el cual pesaban y pesan conflictos de intereses con los acreedores del Estado) en el sentido de declarar nuevamente el default o cesación de pagos frente al problema de las cláusulas RUFO y Acreedor más favorecido, dejando al país en las peores condiciones legales y financieras posibles, que fueron así aprovechadas por el Partido de la Deuda que retorna con el gobierno Macri para llegar a su acuerdo secreto e irrestricto de rendición ante los Fondos Buitre. Pocas veces una administración saliente devino tan funcional a los intereses del sistema de la Deuda y a la nueva administración entrante, con su legión de funcionarios ligados incondicionalmente a los intereses de los acreedores del país y preparados para aprovechar la oportunidad servida en bandeja merced a las torpezas K.

La misma técnica de presentar sus concesiones como supuestasvictorias, las aplicó el gobierno K con respecto al Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, vendido a la opinión pública como un éxito de renegociación cuando fue un allanamiento a las exigencias de los acreedores financieros, sin quitas ni ventajas para nuestro país porque la reducción relativa en los valores de capital fue íntegramente compensada con cupones PBI y las nuevas obligaciones (que en su mayoría correspondían al Megacanje delictivo De la Rúa-Cavallo del 2001) fueron pactadas a una tasa promedio del 8.28 % a 30, 35 y 42 años de plazo, convalidando además la novación de deudas que estaban y están todavía – al menos teóricamente - investigadas por la justicia.

Paradójicamente, el Ministro Lavagna y su Secretario de Finanzas Nielsen – durante el mandato de Néstor Kirchner – esperaban con este acuerdo volver a colocar nueva Deuda Externa en el mercado internacional de capitales (que tal era el objetivo central del nuevo Megacanje K) mientras quedaba abierto el conflicto con los Holdouts por más de 20.000 MD.

Este objetivo de reestructurar Deuda Externa para volver a endeudarse en el exterior fue el mismo que luego retoma el ministro Boudou con su Hoja de Ruta del 2008, que aspiraba llegar a un arreglo con los holdouts y con el Club de París (este último, concretado en condiciones fuertemente gravosas) con la misma finalidad K: volver al mercado global de bonos.

La presidenta CFK critica ahora al presidente Macri por la toma de 97.000 MD de nueva Deuda Externa en lo que va de su mandato – una irresponsabilidad financiera mayúscula que, en lo personal, venimos denunciando en forma permanente – pero omite decir que esa vuelta al endeudamiento externo fue facilitada precisamente por su gestión de “pagadora serial”, que descongestionó parcialmente sus obligaciones externas en aras de volver al Mercado Internacional de la Deuda (el objetivo frustrado del Megacanje K y de la Hoja de Ruta Boudou).

Es notable, por no decir sintomático, que sea justamente esta política sistemática de pago privilegiado de Deuda Externa con Reservas Internacionales - llevada a cabo por la administración K – el único mérito que la nueva administración Macri, la gran Partidocracia con representación parlamentaria y el establishment financiero le reconocen y valoran a la gestión Kirchner para facilitar así la colocación de nuevos bonos en el exterior.

Lo que no pudo lograr la administración K en materia de re-endeudamiento externo es lo que ahora – gracias a su costosa gestión – utiliza, aprovecha y agradece el Partido de la Deuda que adviene nuevamente con el gobierno Macri.

Y todo ello fue producto de la engañosa política de Deuda intra-Estado del gobierno K, que consistió en el pago prioritario y privilegiado de la Deuda Externa con Terceros – Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales – traspasándole así la deuda impagable a los entes del propio Estado Argentino para dejar allanada la vuelta a un nuevo endeudamiento externo del país (que tal era el objetivo declarado de la administración Kirchner bajo las gestiones Lavagna, Boudou y Kicillof, en sus últimas negociaciones para pago a los holdouts a partir del 2015).

La presidenta CFK advierte hoy el peligro cierto de que el dinero de los jubilados se vaya a terminar usando por la administración Macri para pagar Deuda Externa, pero omite decir que su administración – siempre en el marco de su Deuda intra-Estado – dejó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES comprometido en un 65 % de su monto con deudas impagables del Tesoro Nacional, que su gobierno – a través de la sub-indexación inflacionaria – fue licuando fuertemente el valor de los títulos públicos en pesos que tenía mayoritariamente la ANSES y que la re-estatización de las AFJP por Boudou en 2008 se hizo para poder trasladar al propio Estado la carga de endeudamiento sin capacidad de repago liberando del correspondiente riesgo de insolvencia a los grandes bancos que controlaban dichas AFJP.

Fue algo parecido al rol que jugó con el Kirchnerismo – y que sigue jugando hoy en día - el Banco Nación (BNA), cuya mitad de la cartera de créditos está prestada al Tesoro y/o al Banco Central (BCRA) contra obligaciones igualmente sin capacidad de pago.

Pero seguramente la nota más singular dentro de las declaraciones de la ex presidenta CFK es la que corresponde al rol del BCRA y particularmente a su política de endeudamiento a cortísimos plazos vía Lebac. CFK se escandaliza de la aberrante desproporción actual del pasivo cuasi-fiscal del BCRA en relación a la Base Monetaria (BM) – hecho que, también en lo personal, venimos denunciando desde hace largos años – pero soslaya que dicha política fue desarrollada por su gobierno y con el mismo procedimiento: comprar divisas con deuda para reponer las reservas prestadas al Tesoro para pagar Deuda Externa, mantener artificialmente un retraso cambiario para poder cubrir obligaciones en moneda extranjera y elevar las tasas de interés que paga el BCRA para subsidiar a los bancos y al sistema financiero en general.

Ciertamente la proporción era distinta en cuanto a magnitudes: al fin del mandato K la relación Lebac / BM era de un 57 % (346.300 M$ - Millones de Pesos – sobre 612.300 M$, según datos al 7.12.2015), aunque con un tipo de cambio entonces a 9.73 $/US$. Hoy, bajo la gestión Sturzenegger, dicha relación asciende a más del doble: 123 % (959.400 / 777.700 M$, según datos al 15.5.2017 y con el tipo de cambio 15.48 $/US$).

Entonces, como ahora – con las variaciones de montos señaladas en los dos puntos precedentes – la política financiera del BCRA era básicamente la misma: favorecer el sistema bancario con el subsidio resultante de las altas tasas de interés pagadas por las Lebac y también por las Operaciones de Pase, lo que hizo – bajo la administración K - y mantiene hoy - con la administración M – que los bancos sigan siendo el sector de la actividad económica que mantiene niveles récord de ganancias especulativas a costa del Estado (capitales financieros locales y capitales golondrina externos que lucran con el enorme diferencial de tasas de interés locales e internacionales bajo la política oficial de retraso cambiario para poder pagar servicios de la deuda externa).

Fue y es esta misma política de atraso cambiario combinada con altas tasas de interés, de mantenimiento de un BCRA sin reservas propias sino tomadas con Deuda y de Lebac calzadas con seguros de cambio en el Mercado Rofex y en el MAE que se dio – y amenaza repetirse – el negociado conjunto Kirchner-Macri de contratos de dólar futuro que le costaron al Estado Nacional (y, por ende, al Pueblo Argentino) más de 50.000 M$ por diferencias de cambio después de la macro-devaluación Macri de Diciembre de 2015.

No es casual que en un país donde un tercio de la población se encuentra bajo la Línea de Pobreza, sea el sector financiero-bancario el que mantenga los más altos niveles de rentabilidad.

Hasta aquí, parte de lo que principalmente pueda decirse a raíz de los recientes dichos de la ex presidenta CFK y la realidad concurrente de su política de deuda y financiamiento que hoy el Partido Macrista de la Deuda está llevando irresponsablemente a niveles financieros inmanejables.

Es parte de las Políticas de Estado que la Plutocracia Financiera que rige hoy la vida de las Naciones impone a los pueblos precisamente en contra de los verdaderos intereses del Estado.


Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 26.5.2017
Asesor del
FORO ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA
Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada
https://www.facebook.com/foro.laplata?ref=hl
@forodeudalp
http://forodeudalp.blogspot.com.ar/
forodeudaexternalp@hotmail.com

forodeuda.lp@gmail.com


Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 05 26 DEUDA K-M

1 En su libro “Después del derrumbe” (editado el 15.4.2003, es decir, apenas pocos días antes de su asunción) el ex presidente Néstor Kirchner anticipaba expresamente que su gobierno no cuestionaría la legitimidad de la Deuda Pública que iba a heredar su administración.

Esta tesitura fue mantenida a rajatabla durante toda la administración K y ratificada incluso por CFK, añadiendo que la posibilidad u oportunidad de haber objetado la cuestión de la Deuda se había perdido por culpa de la administración Alfonsín al no haber planteado el problema inmediatamente después del Gobierno Militar (argumento que era y es parcialmente cierto pero que no inhibe la actitud negativa cómplice de su no investigación).

Esta postura K, efectivamente, no era válida debido a que la Deuda Pública en su conjunto estaba - y sigue estando – en manos de la Justicia (Causas Olmos I – con sentencia del juez Ballestero de Julio 2000 – Olmos II, Megacanje De la Rúa-Cavallo y denuncia Olmos Gaona-Marcos), por lo que la nulidad de origen de las obligaciones sigue estando potencialmente presente.

El hecho de que ninguna de estas causas legales - relacionadas todas ellas directamente con la ilegitimidad de la Deuda - haya avanzado conforme corresponde a los trámites judiciales pertinentes se debe a una complicidad de hecho entre los gobiernos de turno, el Congreso y la justicia federal de la Argentina para no investigar las irregularidades y delitos manifiestos en el origen y evolución de la deuda del Estado.

Y en este plano la corresponsabilidad por la no investigación y/o revisión de los actos ligados al endeudamiento público es común a la administración Macri como a la administración Kirchner y todos los gobiernos precedentes

2 En Setiembre de 2014 el Congreso Nacional – con mayoría kirchnerista – aprobó esta Ley 26.984, denominada de Pago soberano local que, entre otras disposiciones, creaba por primera vez (si se soslaya la frustrada Comisión Villada de 1984) una Comisión Investigadora del endeudamiento público argentino.

Esta comisión – que estuvo a cargo del diputado oficialista Eric Calcagno (hijo) – no hizo progreso alguno en su misión, no constituyó grupo de trabajo alguno, desatendió las propuestas en tal sentido de la oposición (concretamente, las del diputado Claudio Lozano), dejó que pasara el tiempo de vigencia del cuerpo y caducó de hecho sin que se debatiera siquiera un borrador de Informe final al respecto.

Pese a la manifiesta irresponsabilidad financiera y a las graves irregularidades que conlleva el extraordinario nuevo crecimiento de la Deuda Externa que hoy se está produciendo bajo la administración Macri resulta paradójico – por no decir burlesco – que sea la ex presidenta CFK la que ahora pida revisar y auditar la nueva Deuda del Estado.

lunes, 29 de mayo de 2017

LA DEUDA PÚBLICA: ¿CONSECUENCIA O CAUSA DEL DÉFICIT FISCAL? Por Héctor GIULIANO



LA DEUDA PÚBLICA:
¿CONSECUENCIA O CAUSA DEL DÉFICIT FISCAL?
Por Héctor GIULIANO (12.5.2017)






Muy pocos portavoces del establishment reconocen el problema de la deuda pública argentina – y ahora, dentro de la misma, el del fuerte crecimiento de la deuda externa oficial – pero quienes lo hacen suelen plantear que la cuestión de la deuda es grave (en realidad, gravísima) mas la atribuyen al elevado déficit fiscal producto, a su vez, del alto gasto público.

Este planteo es parcialmente falso y en gran medida engañoso porque soslaya que la Deuda - presentada como una consecuencia o resultante del gasto público general - es precisamente uno de los factores determinantes de ese gasto y de ese déficit estatal, porque no sólo es un pasivo que se retro-alimenta sino que sigue creciendo sin solución de continuidad y en condiciones cada vez más gravosas que pesan sobre el cuadro financiero fiscal.

La falta de comprensión de este problema empieza quizás con el hecho que el Presupuesto Nacional no computa como Gasto Público la amortización de los vencimientos de capital de la Deuda Pública.
Este año los vencimientos totales por concepto de capital o principal de la deuda – tomando todas sus diferentes formas o instrumentos – suman según el Presupuesto 2017 (Ley 27.341) 1.042.500 M$ (equivalentes a 58.200 MD).1

La totalidad de este monto no se paga o cancela definitivamente sino que se refinancia íntegramente a medida que van cayendo los vencimientos respectivos, esto es, que se paga deuda con deuda vía novación total de las obligaciones - con el mismo acreedor o con terceros – y además se toma más deuda nueva.

Así, durante el año en curso están previstas operaciones de Endeudamiento Público por un total de 1.727.200 M$ (≡ a 96.400 MD), que se usarán para refinanciar totalmente los vencimientos del ejercicio y agregar 684.700 M$ (≡ 38.200 MD) por aumento de deuda.

Ello significa que el gobierno argentino, frente a un quantum de deuda pública sin capacidad alguna de repago, prevé la renovación total de los vencimientos de capital y la toma de más deuda; y que ambas se llevan a cabo bajo la misma modalidad de deuda impagable con refinanciación total.

Esto es importante resaltarlo porque cuando en el Presupuesto se habla del gasto por Deuda Pública no se incluye aquí esta masa de capital sino sólo el pago de los intereses de la Deuda, que son gasto corriente del Estado y que este año suman unos 247.600 M$ (≡ 13.800 MD): un promedio de 680 M$ por día (≡ 38 MD).

De esta manera, el problema financiero insoluble de mantenerse dentro de un esquema de deuda impagable no sólo no se resuelve sino que se agrava sistemáticamente, contribuye a aumentar el gasto público por intereses y, consecuentemente, a incrementar el déficit fiscal.
La evolución rápida y fuertemente creciente de estos intereses de la Deuda constituye uno de los principales factores explicativos del empeoramiento de las cuentas fiscales de la Argentina.

En el corriente año el Presupuesto 2017 prevé el pago de intereses por los 247.600 M$ antes citados mientras que el año pasado éstos habrían sido de 186.500 M$; es decir, que el aumento del rubro de gastos por Intereses fue del 32.3 %, superior al aumento promedio general del gasto publico del 2016, que fue del 22.1 %.

Peor aún, si se tomaran las cifras originales del Presupuesto 2016 el aumento inter-anual habría sido mucho mayor todavía - del 138 % - porque allí los intereses a pagar estaban previstos en 104.100 M$ pero durante el ejercicio – primer año de la gestión Macri – se agregaron unos 83.000 M$ más (en gran medida producto del arreglo con los holdouts y la toma de nueva deuda a tasas más caras).2


EL ENMASCARAMIENTO DE LA DEUDA.

Desde un punto de vista técnico el inicio de este problema en cuanto a la presentación de los datos financiero-fiscales parte de un planteo discutible.

La Argentina, desde la década de 1980, sigue la Metodología fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que instauró la denominada cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF), según la cual el Ejercicio Presupuestario no considera como Gasto las Amortizaciones de Deuda del período ni como Ingresos las fuentes provenientes del Endeudamiento Público, que se consignan ambas por separado (“debajo de la línea” según la terminología tradicional) para determinar el Resultado Financiero o resultado final real del año.

Esta presentación es conceptualmente confusa y prácticamente engañosa porque establece una separación de los movimientos financieros más importantes del presupuesto anual dentro de los gastos y recursos generales del ejercicio – gastos corrientes y de capital – y muestra aparte las amortizaciones y financiaciones del período, derivando el tratamiento de la Deuda del Estado a una proyección de cumplimiento incierto o conjetural, es decir, un cuadro de obligaciones financieras sujeto a negociaciones que se delegan al Poder Ejecutivo.

Otrora no era así: en los viejos manuales de Finanzas Públicas los vencimientos de la Deuda Pública se mostraban – como corresponde - como Gasto Público directo y concreto del ejercicio; y de ello resultaba la necesidad lógica de tener que demostrar cómo se preveía cubrirlos con Recursos del Ejercicio y en qué condiciones precisas.

Ahora, en cambio, se asume que tales vencimientos de deuda no tendrán amortizaciones netas, con extinción de las obligaciones de capital, sino que las mismas quedan sujetas a refinanciación – en el caso argentino, por refinanciación total, hasta el último centavo – dado que se sobrentiende que tales compromisos se cubrirán pagando las deudas con nuevas deudas.

Y esto es así porque se sigue una premisa ideológica o dogmática que sostiene que no hay problema en tomar deuda sin capacidad de repago en forma indefinida – como la que toma la Argentina – mientras haya fondos suficientes para poder vivir pagando los intereses (que son Gasto Público Corriente) y refinanciar entonces permanentemente el capital o principal; a la vez que tomando deuda adicional con el mismo criterio.

Este principio, lógica y financieramente irracional, es la clave del Sistema de Deuda Pública Perpetua que rige en la Argentina desde hace 40 años y que nos mantiene dentro de un esquema inexorable de deuda impagable.


LA DEUDA COMO CAUSA.

Una de las claves del funcionamiento impune de este mecanismo de re-endeudamiento permanente es la complicidad de los gobiernos de turno, de la oposición política y de los portavoces del establishment financiero en el ocultamiento a la opinión pública de la deuda como principal factor causal del déficit fiscal.

El Sistema de la Deuda introduce y sostiene una distorsión en la estructura de gastos y de financiamiento del Estado:

En primer lugar, se soslaya la gravedad del peso del monto de la Deuda Pública y el altísimo costo de los Intereses a Pagar por la misma. Este año, los intereses son el 10.4 % del Gasto Total pero constituyen el 20.5 % del Gasto de la Administración Central (247.300 M$ / 1.205.000 M$), ya que los otros dos grandes sectores de la Administración Nacional – Organismos Nacionales e Instituciones de la Seguridad Social – no tienen deuda o bien sus montos son irrelevantes. Esto significa que 1 de cada 5 $ del Gasto Público de la Administración Central se destina a pagar servicios por intereses.
Igualmente se omite comparar el peso relativo por superioridad del gasto público por Intereses de la Deuda con respecto al de los otros rubros más importantes del Gasto Total: 97.500 M$ de Seguridad, 94.000 M$ de Defensa, 131.000 M$ de Educación, 14.000 M$ de Ciencia/Tecnología, 46.300 M$ de Salud y 153.600 M$ de Energía/Minería, entre otros.

La Ley de Presupuesto - que emite el Congreso - hace una delegación cuasi-irrestricta de las facultades de endeudamiento al Poder Ejecutivo que le permite cualquier cosa en materia de aceptación de costos, honorarios y gastos en la ejecución de la política de endeudamiento del Estado; y de cuyos montos nadie sabe o pide informaciones ni mucho menos explicaciones.

El gasto por la Deuda Pública y el costo de sus Intereses también aumenta el déficit fiscal por la aceptación de condiciones gravosas de endeudamiento y, sobre todo, por la política actual de conversión de Deuda intra-Estado en nueva Deuda Externa oficial, que conlleva la aceptación de altísimas tasas en moneda extranjera y la vulnerabilidad por riesgo cambiario de las nuevas obligaciones.

Para poder garantizar el pago de los nuevos y crecientes servicios de intereses en moneda extranjera – los correspondientes a la deuda actual y los que se prevé requerir como deuda futura - el gobierno Macri, a través del Banco Central (BCRA) mantiene una política de retraso cambiario, porque el Estado recauda en pesos pero los intereses se pagan mayoritariamente en dólares.

Tal atraso cambiario – combinado con las altas tasas de interés que promueve el BCRA – genera recesión económica, con sus secuelas directas de menor actividad y empleo; y con ello se afecta la Recaudación Impositiva y Previsional, que contribuyen también al Déficit Fiscal en forma 

complementaria al mayor aumento del gasto por intereses y gastos conexos del servicio de la Deuda.
Más aún, el aumento de las tasas de interés que pagan el Tesoro y el BCRA fijan un piso cada vez mayor no sólo al gasto público por este concepto (fiscal y cuasi-fiscal) sino que además su efecto se transmite a toda la Economía en su conjunto, porque la Tasa de Interés también es un factor de Inflación y, como tal, erosiona los recursos del Estado y eleva el Gasto Público.

La combinación oficial deliberada de retraso cambiario y altas tasas de interés locales induce hoy – a niveles históricos récord – el negocio financiero-especulativo que no sólo des-estimula las inversiones directas sino que contribuye a desviar el crédito con destino productivo porque es el gobierno el que absorbe la mayor cantidad de recursos para sostener así el costo del endeudamiento público.

Sintetizando lo dicho hasta aquí (porque la lista de causas y efectos podría seguir): que quienes se rasgan las vestiduras lamentándose de los altos costos reales de las remuneraciones del sector público, de la presión tributaria o de los costos logísticos y laborales existentes en la Argentina, notablemente soslayan incluir este macro-problema o problema fundamental en las finanzas públicas y en la economía nacional que es el de la deuda impagable del Estado y sus consecuencias.

Paradójica, o sintomáticamente, las autoridades gubernamentales y los portavoces del establishment se lamentan así de los costos distorsivos que pesan tanto en la Economía como en las Finanzas Públicas y Privadas pero omiten ostensiblemente mencionar el costo del Sistema de la Deuda Impagable como factor causal y no solamente como consecuencia retro-alimentaria del déficit del Estado.


Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 12.5.2017
Asesor del
FORO ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA
Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada
https://www.facebook.com/foro.laplata?ref=hl
@forodeudalp
http://forodeudalp.blogspot.com.ar/
forodeudaexternalp@hotmail.com

forodeuda.lp@gmail.com



Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 05 12 DP Y DEF F

1 Las abreviaturas M$/MD significan Millones de Pesos/Dólares respectivamente y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
Las conversiones están hechas todas al tipo de cambio de 17.92 $/US$ previsto en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017.

2 Todos estos datos están tomados de los presupuestos nacionales respectivos y/o según los mensajes correspondientes a los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo al Congreso.

martes, 16 de mayo de 2017

Macri: extranjerización y guerra del litio



Resultado de imagen para la guerra por el litio

Macri: extranjerización y guerra del litio


21 NOVIEMBRE, 2016


La “guerra del litio” es para la mayoría de los argentinos desconocida, y tiene lugar hoy en el NOA, el norte chileno y el sur boliviano. Esto no es una mera casualidad, sino que dicho desconocimiento está directamente ligado a los intereses económicos de las mineras multinacionales, protagonistas de los enfrentamientos, cuyo fin es el empoderamiento del recurso. El litio es un material estratégico para el almacenamiento de energía eléctrica, utilizado en todo tipo de aparato electrónico portátil (celulares, tablets, computadoras portátiles, etc.), y esta triada de países posee el 80% de las reservas mundiales. Al parecer, tal realidad es poco relevante para el alegre gobierno de los CEOs macristas; al menos la eliminación de las retenciones mineras y la desregulación de la extracción del mineral así lo demuestran. Es evidente que los hechos se corresponden con el modelo de gobierno neoliberal aplicado por Macri, y la necesidad de que los recursos nacionales sean extranjerizados para su sustento.

Creemos que la Argentina debería, no solo apropiarse de la extracción y comercialización de sus reservas minerales, sino además invertir en un plan que promueva la industrialización de estos y otorgue valor agregado a la materia prima. Ello representaría una acción directamente opuesta a la planeada por el gobierno, que simplemente demuestra un desinterés en la causa nacional, limitándose a la básica exportación, sin más ganancia que la impuesta por el precio internacional del producto primario. Es así que las similitudes en el proceso total de la cadena productiva de litio en Argentina presenta más similitudes con el sistema chileno, de liberalización del comercio, que con el ejemplo boliviano, el cual mantiene un estricto control sobre el mismo. Deberíamos, de hecho, idear un plan de cooperación entre nuestras naciones, que permita reforzar el poder estatal sobre los salares de litio frente a la intervención de las mineras extranjeras. De más está decir que esto resulta una utopía, si tenemos en cuenta los intereses antinacionales del gobierno actual.(RIN)


“Lo importante es poder confeccionar las baterías”

Desde las ciencias sociales (es doctor en esa área y en geografía, además de historiador), este investigador del Conicet puso la mira en la geopolítica del litio, un mineral que ya es una estrella mundial por su relevancia en la producción de dispositivos electrónicos. Aquí, analiza qué papel juega la Argentina por sus reservas en el noroeste.


En los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile se encuentra el 80 por ciento de las reservas probadas del elemento químico que anima los dispositivos eléctricos en todo el mundo: el litio. Un teléfono celular, una notebook, una tablet, funcionan gracias a la acumulación energética de las baterías Ion-litio; y sin ellas un satélite no entraría en órbita o una nave espacial no sobreviviría. Además, millones de autos que queman combustible fósil alrededor del planeta podrían ser reemplazados por vehículos eléctricos o híbridos, algo que de hecho ya está sucediendo, por lo que se espera que para 2020 haya 7 millones de vehículos propulsados no por el petróleo sino por este tipo de baterías.

Por eso, no resulta extraño que desde hace algunos años se haya empezado a hablar de la “Arabia Saudita del litio” para referir a ese triángulo minero formado por los salares de Uyuni (en Bolivia), de Atacama (en Chile) y de Hombre Muerto (en Argentina). El “oro blanco”, el “petróleo del siglo XXI”, ésos son algunos de los epítetos promisorios con los que se viene nombrando al litio, ese mineral clave para esta etapa de desarrollo, en la que el petróleo tiene los días contados. “El litio es un prisma superinteresante para ver miles de temas”, señala entusiasmado Bruno Fornillo, uno de los investigadores que conforma el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (Iealc) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. “Pero lo importante no es tanto la extracción del mineral como lo es el proceso de agregación de valor, de creación de la batería de litio y tener una frontera tecnológica local”.

–¿Qué significa para la Argentina tener una gran reserva de litio en nuestros salares, junto con Chile y Bolivia?

–En un principio, cuando se analizaba la cuestión del litio se hacía un foco en relación a la extracción, sobre todo en relación con los países del “triángulo del litio” (Chile, Bolivia, Argentina). Y si bien nosotros teníamos un perfil medianamente crítico, estábamos un poco subsumidos bajo esa imagen de “la Arabia Saudita del litio”. Pero al andar la investigación nos fuimos dando cuenta y se nos abrió cada vez más el campo de la agregación de valor. Finalmente sostenemos la hipótesis de que el eje está fundamentalmente en confeccionar la batería de litio a nivel nacional, desechamos la importancia de la extracción como punto nodal. Por supuesto, esto no quiere decir que no tenga que haber la mayor presencia del Estado nacional, de las comunidades, en la incorporación de la renta dentro de las fronteras nacionales, pero sobre todo apostamos a que lo importante es poder confeccionar las baterías y generar toda la agregación de valor.

–Como usted señala, la Argentina pasó a integrar junto a Chile y Bolivia esa imagen mítica de “la Arabia Saudita del litio”. Pero resulta que el litio es un mineral muy abundante, que está en muchos países e inclusive hay gran cantidad de este mineral en el mar. Entonces, ¿por qué nuestro país formaría parte de un grupo selecto para el cual el litio representaría un futuro promisorio?

–Cuando se habla de recursos naturales estratégicos, al litio se lo pone en un lugar casi privilegiado. Pero, en principio, no es escaso, es el 27º mineral más abundante en el planeta, está adosado a 150 minerales y también hay mucho en el mar, aunque en concentraciones mucho menores que en tierra. Y a la vez tampoco está distribuido desigualmente: hay en China, en Estados Unidos, en Canadá, hay en parte de Africa, hay en Serbia, hay en España, hay en Australia. Pero también es cierto que entre un 80 y 85 por ciento de litio está en las salmueras del salar de Hombre Muerto (Argentina), el salar de Uyuni (Bolivia) y el salar de Atacama (Chile). Y el litio en salmuera es el menos costoso de extraer, es el más rentable, es el que tiene mayores ventajas comparativas. Si se saca de los salares es menos costoso que si se saca de piedra, como se hace en Australia. Y el litio de salar se concentra en “el triángulo del litio”: Bolivia tiene alrededor del 50 por ciento, Argentina el 13 por ciento y Chile el 18 por ciento. Cada salar tiene una composición específica de cantidad de litio por partes y de facilidad de extracción. Por ejemplo, el salar de Atacama tiene asociado mucho potasio, entonces, al extraer litio, también se consigue potasio, y el potasio vale dinero. No sucede lo mismo en el salar de Uyuni, que no tiene potasio sino otro mineral que vale menos, entonces el costo de extracción es mayor porque no tiene un producto asociado de valor.

–Pero ¿por qué el litio es un recurso natural estratégico si está por todos lados, digamos, y en cantidades abundantes?

–Para que un recurso natural se convierta en estratégico tiene que ser clave para el desarrollo del modo de producción capitalista, clave en la hegemonía regional o mundial, clave para una economía verde o de posdesarrollo. Si un recurso tiene alguna de estas características es suficiente. Pero también tiene que tener una serie de condiciones necesarias: tiene que ser escaso, tiene que estar desigualmente distribuido y tiene que ser esencial para algún proceso, es decir, no tiene que encontrar un sustituto.

–Bueno, por su definición el litio no pareciera clasificar como un recurso natural estratégico, ¿no?

–Claro, no clasifica como estratégico, pero lo que sí es esencial y a la vez lo que lo convierte en estratégico es que sirve para fabricar las baterías. Y lo importante de la batería, lo que le da valor, es todo el proceso tecnológico asociado a esa construcción de la batería, que es difícil de realizar.

–Y hoy los países que la fabrican son principalmente Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur.

–Claro, además de algunos países de Europa. Y como el litio también está en el mar, cuando sea muy importante, todos los países que tienen costa marítima tienen eventual acceso a las reservas de litio.

–¿Ya hay tecnología disponible para extraerlo del mar?

–China y Corea están experimentando tecnología para obtenerlo del mar. Por eso también es estratégico, no les importa tanto el precio que tengan que pagar, porque en el costo total de una batería, y menos de un auto, el litio es menor. Entonces, Toyota lo que quiere saber es que va a tener litio para su plan de operaciones de los próximos veinticinco años. No le importa si ese litio lo va a tener que pagar tres veces más. Todo esto no quiere decir que nosotros digamos que el litio no tiene un valor estratégico como recurso natural, pero sobre todo lo tiene como oportunidad tecnológica y como índice de una necesaria política regional a nivel extracción y a nivel industrial.

–¿Cuál es el tipo de extracción y de explotación que ustedes pudieron observar en “el triángulo del litio”?

–Los perfiles de la explotación y de la extracción de los tres países son muy disímiles entre sí. Por esto también la chance de hacer un triángulo de litio hoy es bastante remota. El caso chileno es puro libre mercado, extracción, exportación hacia afuera, hacia Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y China, por el momento les importa nada lo que tiene que ver con la agregación de valor. Digo “por el momento” porque en Chile están empezando a ver que, por un lado, parte del valor está en ascender en la cadena productiva, y hay un potencial, por ejemplo, para la utilización de las batería en energía solar. Chile tiene una potencialidad de energía solar muy grande. Además también están entrando competidores al mercado, Chile ya no es el primer exportador mundial que controla el precio, Australia ya es el segundo, están entrando nuevas explotaciones en la Argentina, y en Bolivia tarde o temprano van a entrar. Bolivia es diferente, el Estado tomó el control absoluto del salar de Uyuni para que la parte de extracción, la producción de carbonato de litio, estuviese en manos del Estado y sólo al final, lo que se ligase a la cuestión de las baterías, pudiese llevarse en asociación con empresas extranjeras. Bolivia todavía no entró en producción porque está llevando adelante todo el proceso técnico de extracción sobre sus propias espaldas. Pero como es un país muy poco industrializado, no existe un entorno científico, mercantil y tecnológico que posibilite pegar el salto, desde el control absoluto de la materia prima carbonato de litio hacia los pasos posteriores.

–¿Y cómo es la situación de la Argentina?

–En Argentina está FMC Lithium, una empresa norteamericana, desde 1998, que exporta carbonato de litio, y con eso la Argentina es el tercer exportador de carbonato de litio a nivel global. FMC Lithium tiene el monopolio del Salar de Hombre Muerto, que queda entre Catamarca y Salta. Entonces, en el último tiempo, con el boom del litio vinieron un montón de empresas y se manejaron de una manera bastante particular. A nosotros nos gusta utilizar la imagen de una nave espacial que aterriza en un territorio que aparecía como desligado de la lógica capitalista transnacional y entonces eso se convierte en una suerte de economía de enclave vinculada de manera absoluta a los circuitos económicos globales bajo el perfil de productor de materia prima.

–¿Cómo es el modo en que esas grandes corporaciones químicas se instalan en el territorio?

–Un ejemplo es la explotación que empezó Orocobre en el 2014 (en Jujuy). Tenían un geólogo local, que era como una suerte de pequeña nave exploratoria, que iba y veía los salares, las chances, hacía contactos locales, veía qué pasaba con las comunidades, y cuando encontraba más o menos dónde estaba el negocio, mandaba el contacto a la central. Entonces, las grandes corporaciones arman como una especie de proyecto y una empresa especial para eso, que fondea el tema, pero todavía no la absorbe. La mandan ahí para empezar ya de una manera más robusta a trazar contactos, pedir las tenencias, empezar a ver cómo es la explotación y demás. Y una vez que ya está instalada y empieza la explotación, la empresa matriz la absorbe y, en este caso, ya forma parte de Orocobre.

–Entonces, ¿acá tampoco el Estado tiene intervención?

–Bueno, está por supuesto la cuestión provincial, porque cada provincia maneja sus recursos y Jujuy, en su momento, declaró al litio recurso natural estratégico para tener un grado de participación mayor en la extracción y darle un lugar mayor al recurso. Para eso, Jujuy fue la única provincia que creó una empresa, JemSE, que tiene una participación menor en algunas explotaciones, de 8,5 por ciento, eso le permite en un futuro tener un control sobre el litio. Pero el perfil general de la Argentina en ese sentido está vinculado a una externalización de la materia prima sin ningún control y con poca participación de las comunidades, tampoco una presencia provincial sustantiva. Sí, de todos modos, hubo una presencia importante del Estado nacional hasta acá en lo que tenía que ver con la chance de acrecentar la cadena de valor en la Argentina, mediante la participación en su momento del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Planificación. Porque la Argentina, a diferencia de Chile y de Bolivia, tiene un contexto y unas oportunidades bastante mayores.

–¿Por qué?

–Porque acá hay un mercado potencial que está vinculado con la batería, en la industria electrónica de Tierra del Fuego, también hay una producción de motocicletas nacionales, que bien podrían, si se tuviese una estrategia a mediano y largo plazo, incorporar batería de litios en su tracción. No hay que olvidar que Argentina es uno de los 25 o 30 países que tiene una plataforma de producción de automóviles y, efectivamente, las automotrices hacen todo para generar el proceso de incorporación de valor a nivel interno. No se puede saber qué puede llegar a pasar dentro de 15 años, si Argentina está en condiciones de ofrecer a la producción industrial la chance de una tracción de auto, de camión, de lo que fuese, a base de batería de litio. A la vez hay un mercado que se proyecta tan grande como el de automóviles, que es el mercado de las energías alternativas, porque ahí las baterías tienen diferentes funciones que cumplir. Por ejemplo, para almacenar energía eólica o solar se utilizan baterías de litio.

–¿Qué papel juegan las baterías de litio en la transición energética, en las economías de posdesarrollo?

–La transición energética lo que supone, justamente, es ir abandonando paulatinamente las energías fósiles para generar un tipo de tracción general energética que esté vinculado a energías sustentables y renovables, y eso tarde o temprano va a tener que acontecer. Y cuando eso suceda, el papel de la electricidad va a ser cada vez mayor, dentro de la matriz total, porque las energías renovables lo que producen fundamentalmente es electricidad: la solar, la eólica, la hidráulica, la biomasa, las mareas. En esta transición energética, todas estas energías se almacenan. La electricidad si no se utiliza una vez producida, vuela. Entonces, las sociedades futuras van a tener que tener reservorios de energías, y ahí las baterías de litio tienen un papel que cumplir. Porque el combustible fósil tiene 50 años de vida, dicho esto no por ningún escrito fatalista sino por la Asociación Internacional de Energía. De modo que hay una transición energética necesariamente. Algunos países la están encarando, Alemania es uno de ellos, y China a su modo también.

–Entonces, ¿actualmente la batería de litio es una promesa a futuro?

–Es una promesa para el modo como nosotros pensamos, en Sudamérica, en donde las variables de futuro no están incorporadas al tipo de actividad presente. Tesla Motors, en Estados Unidos, tiene una fábrica gigante de producción de baterías de litio para automóviles, son autos ultra verdes, puramente eléctricos, que se están usando hoy. Tesla, para abaratar costos, produce en serie baterías. Todas las grandes automotrices lanzan baterías de litio, salvo Toyota que está pensando en la batería de hidrógeno. El litio está hoy en vías de consolidación, pero no está absolutamente consolidado, porque las baterías de litio todavía tienen una serie de dificultades: en el automóvil la autonomía no es muy amplia, tiene algún riesgo no menor de que pueda explotar y todavía no se puede igualar a la potencia que genera la energía fósil, el petróleo, tampoco es sencilla la carga. Por eso nosotros decimos que lo importante es el proceso de agregación de valor, de creación de la batería, de un proceso tecnológico local, incluso más allá de que las baterías sean de litio, porque si se tiene el know-how, si mañana no son las de litio y son las de hidrógeno, el reciclaje es sencillo. De hecho, los científicos que hoy más saben de litio, antes se dedicaban a hidrógeno.

–¿Entonces, según su visión la apuesta fuerte debería hacerse en relación a todo lo que viene después de la extracción?

–Sí, en el sentido de generar todo el proceso científico-técnico-industrial para hacer la batería en Argentina, lo que podría ser la contribución a modelos creativos de desarrollo, a un nuevo modelo de crecimiento, a una idea incluso de posdesarrollo, de poscrecimiento. Lo importante de las baterías se relaciona con la transición energética, con un modelo industrial que incorpore mucha cabeza, con un patrón verde. Aldo Ferrer decía que hay que pasar de la sustitución de importaciones a la sustitución de futuro. El modelo ya no es más ese modelo industrial de base fuerte y de intensidad energética, intensidad de mano de obra, intensidad del hierro, el aluminio, la industria de base. El modelo es otro y por eso nosotros hablamos de posdesarrollo, y el vector energético es una chance de un modelo de desarrollo creativo que incorpore las variables sustentables, de economía venidera en relación al cuidado de los bienes estratégicos, en relación obviamente a un modelo de equidad, y que preste especial atención a la incorporación de valor tecnológico y de pensamiento, y a la vez que trace fronteras de necesidades locales, que no piense en el crecimiento del PBI. A mí lo que me interesa es que haya un modelo de crecimiento sustentable, equitativo y renovable. (Por Verónica Engler para Página 12

FUENTE: http://rinacional.com.ar/sitio/10708-2/

América latina: Deuda y libre comercio como instrumentos de subordinación


por Eric Toussaint





La unión del recurso al endeudamiento y la adopción del libre comercio constituyó el factor fundamental de la nueva subordinación de Latinoamérica a partir del siglo XIX.


El periodo de las independencias y la trampa de la deuda (1820-1850)

Entre 1820 y 1825, Gran Bretaña y, en particular, la plaza financiera de Londres estaban inmersas en un frenesí de préstamos con el objetivo de tener excelentes beneficios. |1| La especulación llegó a su apogeo en 1824-1825. Los nuevos Estados que se estaban creando en Latinoamérica, después de las victorias militares independentistas contra la corona española, constituían un destino privilegiado para el excedente de liquidez disponible en Londres. Los préstamos concedidos ¡al reino de Poyais! son la mejor ilustración. Un aventurero escocés, Gregor McGregor consiguió que la Bolsade Londres vendiera títulos de un Estado inexistente, el reino de Poyais, del que era su autoproclamado monarca. En 1822, McGregor pudo «limpiar» el mercado bursátil de la City al colocar los títulos del reino de Poyais por un valor de 200.000 libras esterlinas. Logró convencer a colonos británicos para embarcarse para llegar a su reino fantasma. Cuando esa gente comenzó a darse cuenta que el reino era imaginario, McGregor ya había desaparecido convenientemente.

Sólo entre 1824 y 1825, en plena euforia económica, 624 sociedades anónimas nuevas fueron creadas en Londres, de las que 46 se especializaron en transacciones comerciales, en créditos y en inversiones en las minas de Latinoamérica. La fiebre financiera y comercial orientada hacia Latinoamérica era particularmente importante porque el capital de esas 46 sociedades representaba casi la mitad del capital total de las 624 nuevas sociedades. Otro síntoma de la atracción que ejercía Latinoamérica fue es este hecho: de los 24 millones de libras esterlinas de títulos de deuda vendidos en la plaza financiera de Londres entre 1824 y 1825, un poco más de dos tercios, o sea, 17 millones de libras esterlinas, fueron en nombre de los nuevos Estados latinoamericanos. |2|

En diciembre de 1824, en Ayacucho (Perú), los independentistas latinoamericanos ganaron la última gran batalla de las guerras de liberación que libraban desde hacía 15 años contra la corona española. Desde México a Argentina nacían nuevos Estados republicanos. Se suponía que Gran Bretaña, que después de la derrota de la Francia napoleónica, formaba parte de la Santa Alianza que agrupaba las monarquías española, rusa, francesa, austro-húngara y prusiana, se opondría al debilitamiento de uno de sus Estados aliados. En realidad, y en forma cada vez más activa, el gobierno de Londres sostenía, bajo mano, a los independentistas con el fin de ganar influencia en esa vasta región riquísima en potencial minero, industrial, agrícola y comercial.

Simón Bolívar lo había entendido. Mientras esperaba un crédito y armas de Londres, escribió a Antonio José de Sucre, en mayo de 1823: «Inglaterra es la primera interesada en el éxito de esta transacción ya que desea formar una liga con todos los pueblos libres de América y de Europa contra la Santa Alianza, para ponerse a la cabeza de los pueblos y dirigir el mundo. No es interesante para Inglaterra que una nación europea como España mantenga una posesión como Perú en América. Prefiere que sea independiente con un poder débil y un gobierno frágil. Es por eso que bajo un pretexto cualquiera, Inglaterra apoyará la independencia de Perú». |3|

Los banqueros británicos estaban bien dispuestos a arriesgarse en la organización de empréstitos para los nuevos Estados, en la medida en que eran meros intermediarios. Los títulos de los nuevos Estados eran vendidos en la Bolsa de Londres y su gestión les proporcionaba cuantiosas comisiones. Mientras que el tipo de interés practicado en Londres en el mercado interno, en el momento de la concesión de los préstamos, era de alrededor del 3 %, los tipos impuestos a los países latinoamericanos se elevaban, en general, al 6 % —siendo mayor el rendimiento real —, y las diversas comisiones casi llegaban del 8 al 10 % del monto efectivo obtenido por los banqueros en la venta de los títulos.

Un análisis crítico de las condiciones impuestas por los banqueros a los Estados que pedían préstamos indica claramente que éstas eran leoninas: tipos de interés exagerados, diversas comisiones abusivas, montos transferidos claramente inferiores a las sumas prestadas.

En diciembre de 1825, comenzó la primera gran crisis mundial del capitalismo después del estallido de la burbuja especulativa creada durante los años anteriores en la Bolsa de Londres. Esa crisis provocó una caída de la actividad económica, produjo numerosas quiebras de bancos y creó una aversión al riesgo. A partir de 1825, los banqueros británicos, seguidos por los banqueros europeos, detienen los préstamos hacia el exterior así como en el mercado interno. Los nuevos Estados, que contaban financiar el reembolso de sus deudas con nuevos préstamos de Londres o de París, no encontraron banqueros dispuestos a prestarles el dinero requerido.

Es muy importante subrayar que en el momento en que la crisis estallaba en Londres, en diciembre de 1825, los nuevos Estados latinoamericanos todavía pagaban sus deudas. Por consiguiente, los Estados latinoamericanos no provocaron la crisis, la padecieron.

En 1828, todos los países latinoamericanos, desde México a Argentina, estaban en suspensión de pagos. Y esa suspensión se prolongó de 15 a 30 años según el país.

Hubo gobernantes latinoamericanos que fueron la excepción a la adicción al empréstito. Y ese fue el caso en Paraguay entre 1810 y 1865, durantes los gobiernos de José Gaspar Rodríguez de Francia y sus sucesores. Puso en práctica con éxito un proyecto de desarrollo autocentrado, sin recurrir al endeudamiento externo. (Más adelante en esta serie se dedicará un artículo al respecto.) Por el contrario, Gran Bretaña consiguió reunir a la Triple Alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil para poner fin a esa peligrosa experiencia. El pretexto para invadir Paraguay: el rechazo de ese país a abrir totalmente su territorio a las exportaciones de Gran Bretaña y sus asociados, o sea, fue el mismo pretexto que se utilizó para desencadenar las guerras del opio contra China en los años 1839-1842 y 1860. La guerra desencadenada por la Triple Alianza en 1865 recurrió al genocidio del pueblo paraguayo, en una contienda que duró 5 años. La población disminuyó en un 80 %. Paraguay, que había tenido hasta ese momento un importante desarrollo, todavía no ha conseguido rehacerse en el siglo xxi.

Entre los gobernantes latinoamericanos que fueron una excepción a la regla en el siglo xix con respecto al pago de la deuda, se debe mencionar a Benito Juárez de México en los años 1860.


Endeudamiento externo y libre comercio

Durante la primera mitad del siglo xix, los gobiernos latinoamericanos, excepto el de Francia en Paraguay, adoptaron políticas de libre comercio bajo la presión de Gran Bretaña.

Dado que las clases dominantes locales no invertían en la transformación o la fabricación local de productos destinados al mercado interior, la adopción del libre comercio no constituía una amenaza para sus intereses. Y, como corolario, el hecho de aceptar la importación libre de productos manufacturados provenientes esencialmente de Gran Bretaña condenaba a esos países a la incapacidad para dotarse de un verdadero tejido industrial. El abandono del proteccionismo destruyó una mayoría de las manufacturas y de los talleres locales especialmente en el ámbito textil.

En cierta forma, se puede decir que la combinación del recurso al endeudamiento externo y del libre comercio constituye el factor fundamental del subdesarrollo de América Latina. Por supuesto, ligado a la estructura social de los países latinoamericanos. Las clases dominantes locales, y especialmente la «burguesía compradora», decidieron ese camino a favor de sus propios intereses.

Es necesario señalar un factor esencial en el advenimiento de Gran Bretaña como primera potencia industrial, financiera, comercial y militar durante el siglo XIX: las autoridades londinenses mantuvieron una fuerte práctica proteccionista hasta 1846. |4| Mientras que Gran Bretaña había obtenido de los dirigentes independentistas latinoamericanos que firmaran, desde los años 1810-1820, acuerdos por los que se abría la economía de los nuevos Estados independientes en construcción a las mercaderías e inversiones británicas, las autoridades inglesas fueron muy cuidadosas en la protección de sus industrias y de su comercio. Y fue porque Gran Bretaña protegió fuertemente su mercado y por lo tanto sus industrias en pleno desarrollo, al mismo tiempo que destruía las manufacturas de sus competidores (como fue el caso de la industria textil de la India), que ésta consiguió convertirse en la primera potencia.

George Canning, uno de los principales políticos británicos, escribía en 1824: «El negocio está hecho: América hispánica es libre, y si nosotros no llevamos demasiado mal nuestros asuntos, ella será inglesa».

Para llegar a ese resultado, Gran Bretaña no necesitó recurrir a la conquista militar (aunque si lo creyera necesario no dudaría en usar la fuerza). Utilizó dos armas económicas muy eficaces: el crédito internacional y la imposición del abandono del proteccionismo.


Simón Bolívar en el laberinto de la deuda y de las concesiones a los acreedores


Simon Bolivar

Desde el comienzo de la lucha por la independencia Simón Bolívar, así como otros dirigentes independentistas, se lanzó a una política tanto de endeudamiento interno —que evidentemente terminó beneficiando a las clases dominantes locales— como de endeudamiento externo ante Inglaterra y sus banqueros. Con el fin de poder pedir préstamos en el exterior puso como garantía una parte de las riquezas de la nación y tuvo que suscribir acuerdos de libre comercio con Gran Bretaña. La mayor parte del dinero concedido en los préstamos jamás llegó a América Latina puesto que los banqueros retenían unas enormes comisiones, tipos de interés realmente abusivos y vendían los títulos claramente por debajo de su valor nominal. Algunos de los encargados de las misiones latinoamericanas, con mandato de los líderes independentistas, también retuvieron sus jugosas comisiones en el caso de que no hubieran robado pura y simplemente una parte de las sumas prestadas. Y del resto, una parte importante sirvió para la compra de armas y de equipamiento militar a comerciantes británicos y a precios prohibitivos. En cuanto a lo que llegó a Latinoamérica, una pequeña parte de los préstamos, fue incluso malversada por algunos miembros de las nuevas autoridades, de los jefes militares y de las clases dominantes locales. Una serie de citas de Simón Bolívar acompañadas de comentarios de Luis Britto |5| indican claramente que el Libertador fue tomando conciencia de la trampa de la deuda en la que él y los nuevos Estados independientes habían caído.

Un contrato de deuda externa muy favorable a Gran Bretaña

En noviembre de 1817, Simón Bolívar delegó en un enviado especial a Londres la potestad de obtener una financiación exterior mediante un empréstito. En la carta de acreditación que redactó, Bolívar le otorgó unos poderes enormes. Luis Britto hace el siguiente comentario pertinente: «La autorización está concebida en los términos más amplios: se puede estipular“cualesquiera condiciones en que convenga”. Comisionado y prestamistas usarán de ella con la mayor libertad.» (Idem).» En principio las deudas contraídas deberían servir solamente a los esfuerzos de guerra.

Luis Britto se refiere a la creación de la Gran Colombia (Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador) en 1819 en estos términos: «Esta integración trae como efecto la unión de las deudas que había contraído cada uno de los cuerpos políticos. Así, en dicha Constitución, el artículo 8° declara paladinamente: “Son reconocidas in solidum como deuda nacional de Colombia las deudas que los dos pueblos han contraído separadamente; y quedan responsables de su satisfacción todos los bienes de la República”». Britto sigue: «No sólo se consolidan constitucionalmente las deudas: por efectos de la Ley Fundamental quedan constituidos en garantía todos los bienes del naciente cuerpo político. Lamentablemente esta operación no se efectúa con la transparencia que hubiera sido de desear, pues los registros llevados sobre las operaciones estaban incompletos o confusos.»

Las nuevas elites se aprovecharon de la deuda interna y se negaron a pagar impuestos

El cónsul inglés, sir Robert Ker Porter tomaba nota de sus conversaciones con Simón Bolívar en su diario y en la entrada del miércoles 15 de febrero de 1827, hacía constar que: «Bolívar confiesa la existencia de una deuda interna de 71 millones de dólares, en papel, para ser pagada por el gobierno. Cientos de individuos han especulado intensamente y en su mayor parte usurariamente sobre los bonos, comprándolos de los necesitados por el 5, el 25 y el 60 por ciento, y me informan en forma creíble que difícilmente hay un empleado del estado que conserve efectivo, porque todo lo ha traficado en esta inmoral y antipatriótica especulación: el vicepresidente Santander (me cuentan) tiene dos millones de estos bonos, que probablemente compró por 200.000 dólares.» (Britto, op.cit., p. 378).
Luis Britto comenta: «Estos agiotistas a su vez están estrechamente vinculados con muchos de los oficiales y políticos republicanos, que forman grandes fortunas a costa de la sangre de sus tropas.» (p. 380) y añade «el solo anuncio de medidas fiscales rigurosas acobarda a funcionarios como el intendente Cristóbal Mendoza, quien renuncia intempestivamente.» (p. 380).

La deuda nacional nos va a oprimir…declara Bolívar

Es importante subrayar las palabras usadas por Simón Bolívar en una carta al vicepresidente Francisco de Paula Santander el 14 de junio 1823: «En fin, lo haremos todo, pero la deuda nacional nos va a oprimir...» y así se refirió a los miembros de las clases dominantes locales y de los nuevos poderes públicos: «La deuda pública es un caos de horrores, de calamidades y de crímenes, y el señor Zea, el genio del mal, y Méndez, el genio del error, y Colombia una víctima cuyas entrañas despedazan esos buitres: ellos devoraron con anticipación los sudores del pueblo de Colombia; ellos han destruido nuestro crédito moral, en tanto que no hemos recibido sino los más escasos auxilios. Cualquiera que sea el partido que se tome con esta deuda, es horrible: si la reconocemos dejamos de existir, si no… el oprobio de esta nación» (Britto, p. 405)
Dos meses mas tarde, Simón Bolívar volvió a escribir al vicepresidente Santander sobre el tema de la deuda, esta vez refiriéndose a la situación de las nuevas autoridades en Perú: «El gobierno de Riva Agüero es el gobierno de un Catilina unido al de un Caos; no puede Ud. imaginarse hombres más canallas ni más ladrones que los que tiene el Perú a su cabeza. Se han comido seis millones de pesos de empréstito, de un modo escandaloso. Setecientos mil pesos se han robado entre Riva Agüero, Santa Cruz y el ministro de guerra, sólo en unas contratas hechas sobre equipo y embarque de tropas. El congreso pidió cuentas y le trataron como al diván de Constantinopla. Es horrible el modo infame con que se ha conducido Riva Agüero. Lo peor de todo es que entre los godos y los patriotas han puesto a perecer el Perú con sus saqueos enormes y multiplicados. Este país es el más caro del mundo, y no tiene ya un maravedí con que mantenerlo." (Simon Bolivar in Britto, p. 406)

En Julio 1825, Simón Bolívar amenazó con denunciar ante el pueblo el abominable sistema de la deuda

«Los amos de las minas, los dueños de los Andes de plata y oro, están pidiendo millones prestados para mal pagar a su pequeño ejército y a su miserable administración. Que se diga todo esto al pueblo y que se declame fuertemente contra nuestros abusos y nuestra inepcia, para que no se diga que el gobierno ampara el abominable sistema que nos arruina. Que se declame, digo, en la “Gaceta del Gobierno” contra nuestros abusos; y se presenten cuadros que hieran a la imaginación de los ciudadanos.» (Simon Bolivar in Britto, p. 408).


Epílogo y conclusión

La primera gran crisis de la deuda latinoamericana, provocada por Londres, fue utilizada por Gran Bretaña, y luego por otras potencias como Francia, para someter las economías latinoamericanas a las condiciones que imponían los banqueros, así como a los intereses de la industria y el comercio del Viejo Continente. La parte de América Latina que se había liberado del yugo colonial directo de España y de Portugal entró en un ciclo de dependencia, de subordinación y de expoliación liderado por el gran capital británico y su homólogo francés ayudados por sus respectivas autoridades. El gran capital de Estados Unidos, apoyado por su gobierno, comenzó a intervenir más tarde, salvo en el caso de México, país en el que se inmiscuyó constantemente. La tentativa de Paraguay de poner en marcha un desarrollo autocentrado fue aplastada entre 1865 y 1870. México en los años 1860 logró resistir a una gran ofensiva de los acreedores, pero aceptó el libre comercio, lo que bloqueó su desarrollo.

El arma de la deuda y la imposición del abandono del proteccionismo actuaron como poderosos factores de sumisión de los Estados y de transferencia de riquezas de los pueblos de la periferia hacia las clases capitalistas del centro, de paso, las clases dominantes locales recogían su comisión.


Notas

|1| Este articulo es una version reducida de http://www.cadtm.org/La-deuda-y-el-...

|2| Por otra parte, los dos empréstitos griegos de 1824 y 1825 negociados en la plaza de Londres alcanzaron la suma de 2,8 millones de libras esterlinas.

|3| Carta de Simón Bolívar a Antonio José de Sucre del 26 de mayo de 1823, citado por Carlos Marichal, op.cit.

|4| Véase Paul Bairoch, 1993. Mythes et paradoxes de l’histoire économique, La Découverte, Paris, 1999, p. 37.

|5| Luis BRITTO, El pensamiento del Libertador - Economía y Sociedad, BCV, Caracas, 2010 http://blog.chavez.org.ve/temas/lib...

Autor


Eric Toussaint

es maître de conférence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015,, Procès d’un homme exemplaire, Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, París, 2012. Coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda, creada por la presidente del Parlamento griego. Esta comisión funcionó, con el auspicio del Parlamento, entre abril y octubre de 2015. El nuevo presidente del Parlamento griego anunció su disolución el 12 de noviembre de 2015. A pesar de ello, la comisión prosiguió sus trabajos y se constituyó legalmente como una asociación sin afán de lucro.

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viernes, 24 de marzo de 2017

El macrismo y la destrucción de la Educación Pública


El macrismo y la destrucción de la Educación Pública

-Banco Mundial y privatización de la educación pública

El macrismo y la destrucción de la Educación Pública
POR DANIEL ENRIQUE YÉPEZ
El futuro inequitativo y anti-educativo que imagina el macrismo es inviable si no se destruyen previamente los fundamentos materiales y simbólicos de las conquistas sociales y los derechos universales provistos por el Estado.
El macrismo y la destrucción de la Educación Pública.
Por Daniel Yepez * | La panacea del crecimiento económico en el segundo semestre de 2016 sigue sin aparecer, mientras la recesión del 2 al 3% refuta los aguados pronósticos de los oráculos de la dependencia económica, al finalizar el primer año de gestión de la “revolución de la alegría”. La inflación sobrepasa el 40%, agudizando los indicadores de carestía y generando en los asalariados formales una caída entre el 12% y el 18% de sus ingresos reales, en consonancia con una tasa de desempleo que supera el 20%, encaminándolos hacia una desigualdad similar al 2001. Desnudando la mentira de “pobreza cero” -en sólo doce meses- cayeron en el infierno de la indigencia más de un millón de compatriotas. Este festival de corrupción y latrocinio institucionalizado por parte de los funcionarios macristas -saqueadores seriales de los bienes del Estado-, de los recursos públicos y del patrimonio social, natural y territorial de la nación, es respaldado por una campaña mediática, destinada a mantener al pueblo argentino prisionero de la ignorancia y la alienación.
Macri aún no rindió cuentas sobre el sostenido fraude fiscal que practica de antaño con su familia y grupo de amigos, a través de los carteles off shore que montó en paraísos fiscales como Panamá. Su vicepresidente escondió bolsos con dólares de dudoso origen, utilizando los helicópteros del estado para depositarlos de contrabando en cuentas secretas extranjeras. El titular del Banco Central arrastra un cajoneado proceso por el fraudulento manejo de la deuda pública y el jefe del Banco Nación participó en las malversaciones de los fondos buitres. Por su parte, el secretario de energía suscribe contratos con sus amigos de Shell, imponiendo impagables tarifas a servicios esenciales como luz y gas, mientras los grandes monopolios que concentran alimentos estrangulan al consumidor a través de una descontrolada suba de precios.
La manipulación de los fondos públicos le fue útil -entre otras cosas- para sobornar a la dirigencia corrupta de la CGT, permitiéndole a la burocracia sindical proseguir con la turbia administración de las obras sociales, a fin de frenar la lucha y movilización de los trabajadores. Este “presidente” que dice respetar la institucionalidad republicana, no sólo se maneja con autoritarios decretos de “necesidad y urgencia” al mejor estilo de los Onganías o Videlas, sino que, alimentando el cretinismo parlamentario actual, se desespera por terminar de reducir el Congreso Nacional a una oficina de favores para aprobar sus leyes. En el plano judicial, promueve la renuncia de jueces adversos, disciplina a fiscales honestos y solapadamente negocia los temas conflictivos con esa grotesca comparsa denominada “Corte Suprema”. Infalible manera de recibir protección judicial frente a cualquier investigación sobre su doloso enriquecimiento personal.
La declamada imparcialidad, la garantía de trabajo a comunicadores opositores y la “libertad de prensa” fueron barridas de un plumazo, represión mediante, luego de la autoritaria supresión de la Ley de Medios. Las principales corporaciones mediáticas no sólo intoxican cotidianamente con noticias falsas o tergiversadas a la ciudadanía a fin de sostener lo insostenible, sino para ampliar su influencia con la próxima regulación del cable, los satélites, la telefonía y el fútbol. La contracara de este blindaje mediático es el ocultamiento de la criminalidad, de la pobreza y desesperación de los más vulnerables, favoreciendo la creciente desocupación, la marginalidad y la miseria material y espiritual en el tejido social. Para no dejar cabo suelto, utiliza las fuerzas de seguridad para propinar palos, balas y cárcel a la protesta social -siendo su víctima propiciatoria Milagro Sala-; mientras negocia sistemas de poder y coimas con las cúpulas policiales ultra-corruptas, las cuales no sólo afianzaron su connivencia con el delito, sino que también son responsables de la creciente inseguridad.
Este no es el fin, sino el comienzo… del trabajo sucio 
Quienes desde la ingenuidad, o peor, desde la colonización cultural piensen que todo está dicho se equivocan. Acuciados por una desastrosa gestión política y por el descenso vertical de su intención de voto, en el corto plazo el macrismo intentará revertir la caída del consumo tratando de amarrar el tipo de cambio a un precio artificial del dólar, lo cual (piensan) abrirá paso a una efímera primavera económica hasta las próximas elecciones legislativas. Al mismo tiempo y a fin de apuntalar el jaqueado poder de compra popular, comprometerán el gasto público endeudando la nación y las provincias para palear el enorme déficit fiscal (6-8% del PBI) que arrastra este gobierno.
Esta macabra danza de recolonización económica afecta el 11% del presupuesto nacional, pues uno de sus rubros más importantes el pago de los intereses usurarios de la deuda externa. Situación que estimula la fuga de capitales, abre las importaciones, quiebra el desarrollo industrial autónomo y desfinancia empresas públicas como Aerolíneas Argentinas o Yacimientos Petrolíferos Fiscales. De este modo, a dicho déficit se agrega el deterioro de la balanza comercial, el derroche de divisas y la fractura entre inflación y tipo de cambio, perversiones económicas cuidadosamente ocultadas a una población prisionera de la estupidización televisiva y la desinformación.
Lo antedicho es el corolario de la primera parte del trabajo sucio que Macri inició ni bien asumió el poder, cuando graciosamente y al mejor estilo de patrón de estancia, eximió del pago de retenciones a la rosca oligárquica latifundista y minera. Escandalosa decisión unilateral que le privó al Estado de una recaudación impositiva que superaba los 86 mil millones de pesos anuales. No es extraño, entonces, que este ciclo vicioso de restauración oligárquico-imperialista se retroalimente continuamente con hechos vergonzosos como la condonación de la deuda del correo argentino, a su progenitor.
El objetivo final de este nuevo estatuto legal del coloniaje, -parafraseando a don Arturo Jauretche-, es sembrar la ruina definitiva de la Argentina como nación soberana. Implica transformarla en una colonia sin derechos, sometida indefinidamente al vampirismo internacional y al imperialismo anglo-sajón. Implicar separar nuestra patria de su destino histórico latinoamericano, reduciéndola a una endeudada factoría aislada de sus naciones hermanas y tributaria de la codicia internacional impulsada el capitalismo salvaje.
Estos promotores de la entrega nacional ignoran que están sentados sobre una bomba de tiempo, cuyos efectos son impredecibles. En este marco, donde la contradicción fundamental se cocina a fuego lento, la dirigencia del PRO y sus aliados radicales -venales traidores al legado de Yrigoyen-, se disponen a motorizar una campaña electoral adversa. Aunque cuentan con el respaldo de un cuádruple poder fáctico: el latifundio, la banca, la rosca judicial y la corpo mediática, su única esperanza posible -en un escenario de creciente repulsa- tiene el rostro de Jano: por una lado, azuzar las tentaciones y la miseria política individualista y divisionista de ciertos “cuadros” y candidatos enquistados en el movimiento nacional, sin fidelidades, ni patria, prestos a seguir el camino de Judas Iscariote. Por otro, un aliado consecuente de esta desgracia social y política que castiga al pueblo argentino, es el enorme peso que tiene a su favor la alienación ideológica y el analfabetismo funcional y político que portan importantes sectores de la clase media (media tonta, reaccionaria y gorila, como la impresentable presidente de ese sello de goma que es la FUA, por ejemplo); concomitante a la sistemática manipulación de sus subjetividades, de la que son víctimas los grupos más desposeídos y vulnerables de la sociedad.
Destruir la Educación Pública 
Pero el trabajo sucio no se completará, si no se destruyen dos de los grandes espacios públicos de la sociedad argentina: la Educación y la Salud públicas, originados cuando se unificó el estado-nación al finalizar el siglo XIX y consolidados por los dos grandes movimientos nacional-populares de la primera mitad del siglo XX. El futuro inequitativo y anti-educativo que imagina el macrismo para la Argentina, consonante con la terrible desigualdad de México, la precarización laboral de Perú, las miserables jubilaciones de Chile o la marginalidad social de Colombia, es inviable si no se destruyen previamente los fundamentos materiales y simbólicos de las conquistas sociales y los derechos universales provistos por el Estado de Bienestar, el capitalismo de Estado, el desarrollo auto-centrado, la distribución de la riqueza, la solidaridad social a nuestros mayores en el marco de una Patria Grande emancipada, que aún sobreviven -a pesar de ellos- en el imaginario popular.
Para formar un sujeto egocéntrico, hedonista, consumista, deshumanizado, analfabeto funcional, prisionero de los sentidos comunes más nefastos; de instintos primarios e irreflexivos donde la violencia (material y simbólica) sustituye a la palabra, entrenado para responder a los condicionamientos de este nuevo conductismo reaccionario y alienado que propone el modelo civilizatorio neo-neo (neoliberal y neo-conservador) en la era del despojo -como bien señala Adolfo Gyllis-; es necesario borrar del inconsciente colectivo la noción de Instrucción Pública, de educación del ciudadano y la cultura escolarizada gratuita, obligatoria e igualadora, como así también todo vestigio de conciencia nacional emancipadora.
Para manipular un humanoide desconectado de su propia realidad y amamantado desde su más tierna infancia con la pseudo información viralizada por las corporaciones mediáticas durante las 24 horas; no sólo se requiere de una “pedagogía” orientada hacia la creación de conciencias anti-solidarias, racistas, prejuiciosas y competitivas, penetradas de negaciones ideológicas y marcadas por la “iniciativa propia” y el “esfuerzo personal”, donde el otro, lejos de ser un próximo prójimo -como decía Benedetti-, sea el rival a eliminar para salir primero; sino que es fundamental destruir el Sistema Educativo Nacional, centralizado público, estatal e irrestricto, creado por el roquismo. Dicho en otras palabras, para formatear la conciencia de niños, adolescentes y jóvenes marcados por la soledad existencial, la ausencia de utopías, de pensamiento crítico y de una conciencia autónoma latinoamericana, es necesario suprimir la enseñanza de las relaciones humanas sobre-determinadas por su contexto, como así también las interacciones históricas, sociales, culturales, estructurales e intelectuales, que dolorosamente atraviesan el pasado y presente dependiente, así como el futuro inescrutable, de los seres humanos que habitan este lado del mundo.
No sólo es la maldad de “gobernantes insensibles” o errores de gestión, lo que implica este planificado maltrato a los maestros, sino la presencia de un estratégico programa educativo. El macrismo sabe muy bien que el afianzamiento del neoliberalismo en todos los órdenes de la sociedad, exige un drástico deterioro de la enseñanza estatal, encabezado por la precarización laboral, puesto que en ese ámbito predomina -más allá de la volátil conciencia política de muchos docentes- una fuerte oposición a la prédica neo-neo. Cuenta con el apoyo de los grandes medios, hostilizando a los maestros para enfrentarlos con la población, pues sus cagatintas los presentan como sector que abusa de privilegios, elude obligaciones y aprovecha el ausentismo. No ofrecen pruebas de esas calumnias y ocultan las adversas condiciones de trabajo que prevalecen en la mayoría de escuelas, colegios y universidades públicas. Omiten la esforzada lucha de los docentes -tanto públicos como privados- que impidió la destrucción de la educación pública. No olvidemos que las Carpas Blancas de los ´90s neutralizaron la degradación educativa impulsada por el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y el menemismo.
Macri pretende reiniciar ese desguace. Por eso implementa censos concebidos por las consultoras privadas, para establecer los rankings escolares que preceden a la privatización. Es totalmente falso que “los docentes no quieran ser evaluados”. Simplemente se oponen al desguace que prepara el gobierno. Bullrich ha confesado que promueve una “segunda campaña del desierto”, en el ámbito educativo. Horrible eufemismo que, por otra parte, no es ninguna novedad. Basta con estudiar detenidamente los efectos de tierra arrasada que dejó su política educativa en la ciudad de Buenos Aires, cuando Macri fue su jefe de gobierno, para saber de qué está hablando. Los niños hacinados en “aulas conteiner”, sin ventilación, mobiliario, ni útiles escolares adecuados, lo dice todo. Pero no nos engañemos, lo que realmente tienen en mente y no lo dicen, es el modelo chileno de endeudamiento de las familias para costear los estudios, aunque se presenten como adalides de una educación pública de calidad. Con el cinismo propio de sentirse dueños del país, declaran su propósito de contener la emigración de alumnos a los colegios privados, enunciado que choca con el mantenimiento de los subsidios a las escuelas pagas y con la abrumadora distribución de cargos entre directivos provenientes de ese sector. El gabinete de egresados del Cardenal Newman que maneja el país, ni siquiera conoce dónde quedan los colegios del estado.
El intento político de Cambiemos es perpetuarse en el poder para crear un consenso privatista que naturalice la fragmentación y exclusión escolar. Necesita de un tiempo prudencial para instaurar creencias elitistas, que colisionan con la extraordinaria historia de la educación pública argentina. Para promover la sostenida expansión de una enseñanza privada reaccionaria, el bloque conservador necesita socavar la subsistencia de la calidad educativa existente en colegios y universidades públicas, a pesar de sus menguados presupuestos.

En ese sentido no podemos obviar el des-financiamiento de la educación superior. Primer eslabón de la campaña para arancelar el grado universitario e imponer el ingreso restringido. Insisten con el “alto costo” de las universidades públicas -con bajas tasas de graduación-, en proporción a los ingresantes y el malgasto en estudiantes extranjeros. No comparan esas “pérdidas” con los millones de dólares transferidos a los parásitos del sector financiero, ocultando que los fondos buitres este año recibieron una suma dos veces y media superior al presupuesto de todas las universidades estatales. En lugar de proponer programas de becas y subsidios para aumentar el porcentaje egresados, Cambiemos piensa en la expulsión de los pobres y “sobrantes”, porque la universidad no es para todos. Su objetivo es despolitizar, embrutecer y alienar a la población estudiantil que sobreviva al ajuste.SIGUE..



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